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Durante la última década, la sociedad contemporánea ha evidenciado el surgimiento de la Cuarta Revolución Industrial, una fuerza transformadora que ha impactado la forma de vida de los ciudadanos, la toma de decisiones, los modelos económicos y las interacciones entre las empresas, el Estado y los ciudadanos.[1] En el centro de esta revolución se encuentra la inteligencia artificial (IA), una tecnología que cuenta con la habilidad de analizar millones de datos de forma autónoma, ofreciendo al ser humano la posibilidad de aplicarla en diversas industrias económicas como la manufactura, la salud, la agricultura, el mercadeo, la logística[2], entre otras.
No obstante, aunque la Cuarta Revolución Industrial, y en particular la IA, tienen el potencial de impulsar significativamente el desarrollo económico y abordar problemas sociales estructurales como el cambio climático, la desigualdad y la corrupción, su introducción y adopción en países emergentes como Colombia todavía se encuentra en una etapa preliminar. Según Zeballos (2021), su implementación podría aumentar el PIB del país en un 6,8% en los próximos 10 años.
Sin embargo, factores como la falta de infraestructura tecnológica adecuada, los bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo, la escasa formación del talento humano, así como una regulación aún no adaptada a esta nueva realidad, podrían estar limitando el pleno aprovechamiento del potencial que la IA ofrece para impulsar la transformación productiva en el país (Cardozo & Parra, 2019).
Por consiguiente, surge la necesidad de abordar implicaciones éticas y legales de la IA en Colombia, ya que la falta de regulación y políticas claras en torno a esta tecnología podría aumentar el riesgo de discriminación algorítmica[3] y violaciones de la privacidad de los datos de los ciudadanos colombianos (Rojas, 2022).
Además, es importante destacar que aunque se ha desarrollado el Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia por parte la Presidencia de la República, a través del Departamento Administrativo, como guía no obligatoria para la implementación de la inteligencia artificial en el sector público nacional, aún se requiere de un marco legal más completo y especifico. El cual debe abordar la responsabilidad de los fabricantes, desarrolladores y usuarios en caso de errores o daños causados por sistemas de IA.
Asimismo, resulta esencial garantizar el cumplimiento de los principios de protección de datos y desarrollar técnicas de mitigación de sesgos algorítmicos, lo cual es imprescindible para promover la equidad y la justicia en el uso de la IA, así como para prevenir posibles casos de discriminación algorítmica y violaciones de la privacidad de los ciudadanos, tal y como lo señala Martínez (2019).
Por lo tanto, los principales desafíos que tenemos como país son maximizar los beneficios de la IA y mitigar sus riesgos potenciales. Para ello, resulta imperativo avanzar en la construcción de una infraestructura tecnológica, invertir en la capacitación del talento humano en todas las edades y sobre todo, establecer una regulación ética y legal adecuada que promueva el uso responsable de esta tecnología en beneficio de toda la sociedad.
